A- de 2024

Conflicto entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Jambaló (Cauca) y el Resguardo, suscitado por una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, contra un ciudadano, posible miembro de comunidad indígena, por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar.

Cumplidos los requisitos del conflicto de jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos jurisprudenciales para asignar la competencia.

En este caso, el elemento personal se encuentra debidamente acreditado, no existe controversia sobre la pertenencia del imputado al Resguardo.

Para la Sala, el elemento territorial está acreditado en sentido estricto porque los hechos habrían ocurrido en la residencia del procesado y la víctima, ubicada en la vereda El Trapiche del municipio de Jambaló, territorio del Resguardo.

Dado que existe intereses concurrentes en la judicialización de la conducta endilgada, por parte de la sociedad mayoritaria y de la comunidad indígena, así como una correlación en los objetos de protección para ambas jurisdicciones, este presupuesto no es determinante para resolver el conflicto.

No se encuentra debidamente acreditado en el presente caso el factor institucional pues, aunque se advierte la existencia de cierta institucionalidad, la Corte advierte que el resguardo implicado no dispone de un andamiaje institucional suficiente para investigar y juzgar la conducta de violencia intrafamiliar imputada, además de que no se presentaron argumentos que demostraran que sus procedimientos de justicia propios garantizan el debido proceso del indiciado ni los derechos de participación y reparación de la presunta víctima.

Se asigna la competencia a la Jurisdicción Ordinaria Penal.